El trabajo desarrollado por los operadores dentro del sistema procesal penal de naturaleza oral y acusatoria se ha visto mermado en el ámbito de su eficiencia y eficacia, debido a un conjunto de anomias normativas, destacando principalmente la insuficiente capacitación de los operadores jurídicos y la lenta comprensión y adaptación al cambio de cultura jurídica. Por ello, la argumentación jurídica se propone como una herramienta facilitadora del desarrollo y perfección de competencias, habilidades y destrezas al interior de la labor jurisdiccional que fortalecerá, además, los perfiles procesales de las partes en el juicio oral penal.
