VALADEZ DIAZ MANUEL GUZMAN GONZALEZ CARLOS
El sistema penal acusatorio se ha consolidado de forma significativa en el estado de Durango, en virtud de que dicha entidad fue la primera en nuestro país que lo implementó al tener como base la reforma constitucional que en materia de seguridad y justicia se realizó el 18 de junio de 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de nuestra Carta Magna, lo cual le permitió generar una legislación congruente con el sistema de corte acusatorio y adversarial que la misma estableció y, por ende, convertirse en un ícono nacional en cuanto a la operación adecuada de esta nueva forma de procurar e impartir justicia. La obtención de lo anterior se debió de forma primordial a la voluntad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Durango para implementar un ambicioso programa de capacitación que de forma particular permitió que el Poder Judicial se consolidara como un punto de referencia a nivel nacional, e incluso, internacional en cuanto a la generación de opinión jurídica calificada para el desarrollo de los alcances, retos y perspectivas que de forma natural provocan las figuras procesales que aparecen con los coloquialmente llamados “juicios orales”. Como un resultado palpable de lo acertada que fue la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia penal para el estado de Durango, se logró la publicación y difusión a nivel nacional e internacional de una excelente obra jurídica denominada Diccionario práctico del juicio oral, misma que fue elaborada por tres distinguidos jueces de control y oralidad, y que por primera vez en la historia del Poder Judicial de la entidad logró romper las barreras del Estado, y así, se presentó con gran éxito en espacios como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde fue elogiada por juristas de la talla de Miguel Carbonell, Hugo Conch a y Mihael Champo, quienes coincidieron en lo valioso de la obra, así como en la importante contribución del Poder Judicial de Durango al fortalecimiento de los juicios orales en México. De tal forma, el Diccionario práctico del juicio oral se ha convertido en una obra creada por jueces duranguenses, misma que ahora se utiliza como libro de texto a nivel licenciatura, y de consulta obligatoria para agentes del Ministerio Público, defensores y jueces del sistema acusatorio y oral. Dentro del contexto anterior, los autores de dicha obra, bajo la exclusiva visión de sus labor como jueces de control y oralidad de Durango, presenten una nueva contribución a la ciencia jurídica aplicable a los juicios orales como una muestra más del compromiso que tiene el Poder Judicial de Durango para impulsar el establecimiento de la oralidad en materia penal en nuestro país. Esta obra está dirigida para los defensores, ya sean públicos o privados, mediante la explicación clara y sencilla de las principales audiencias a las que se deberán enfrentar en el ejercicio de su labor y para lo cual se acompañan bajo un método evidentemente cercano a la Mayéutica de Sócrates, una serie de preguntas que buscan dar respuestas a las principales dificultades con las que se enfrenta un defensor, esto, buscando generar en el lector un conocimiento experto sobre la litigación oral. Este objetivo es claro que fue alcanzado por sus autores, ya que quien de lectura a esta obra podrá entender en palabras sencillas y en un lenguaje amigable y cargado de muchos ejemplos prácticos, no solamente qué hacer para llevar una defensa adecuada, sino cómo hacerla. Es en fin, un libro de lectura obligada para todo operador del nuevo sistema de justicia penal, que le permitirá acceder al conocimiento que los autores han obtenido en virtud de su excelente capacitación y desempeño diario de su labor. Lo anterior reitera el compromiso del Poder Judicial del Estado de Durango para la difusión de la cultura jurídica, así como su colaboración para la socialización y mejor entendimiento del alcance y contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, ya que sólo teniendo defensores altamente capacitados en estrategias de litigación se podrá sostener que existirá una defensa adecuada y, por ende, una protección eficaz de los derechos fundamentales de cualquier persona imputada de haber cometido un delito. Por último, mi reconocimiento y felicitación para los autores del libro La defensa adecuada en juicio oral, los jueces de control y oralidad, Dr. Manuel Valadez Díaz, M.D. Carlos Enrique Guzmán González y Lic. Guillermo Díaz Hernández quienes, de nueva cuenta, generan una obra jurídica que coadyuvará de forma significativa a fortalecer los juicios orales en México, y a seguir ubicando al sistema de justicia penal duranguense como un punto de referencia en cuanto a la creación de opinión jurídica. Sin lugar a dudas los autores se distinguen por su brillante labor en la jurisdicción, así como por su compromiso con la sociedad en general, por ello, son un orgullo del Poder Judicial y dignos impartidores de justicia.
