La denuncia, investigación y sanción de dos tramas de financiamiento ilegal a propósito de las campañas a la Presidencia de la República en el año 2000, que involucraron al PRI y al PAN, desembocaron en multas que sin lugar a dudas pueden considerarse como históricas: 1 000 millones de pesos al PRI (la más alta de las que se tenga noticia en los sistemas democráticos) y 545 millones a los partidos de la coalición Alianza por el Cambio (conformada por el PAN y el PVEM, que había llevado a la Presidencia al titular del Ejecutivo en funciones). Ello demuestra que en México el marco legal e institucional para detectar y sancionar ilícitos en materia de financiamiento electoral funciona; pero la misma experiencia de esos dos casos también arroja lecciones sobre los límites e insuficiencias de las normas vigentes, que sugieren una serie de cambios a la ley para dar una vuelta más a la tuerca que quiere garantizar que la política sea eso: un ejercicio de ciudadanía entre iguales.
