El problema de la delincuencia en México no es un problema atribuible al proceso, aunque los órganos jurisdiccionales, judiciales, ministeriales y policiales tienen mucha responsabilidad en ello. El sistema acusatorio mexicano debe confiar, sin poner candados a sus potestades y atribuciones, en la policía y en el ministerio público. El objetivo de este estudio es explicar, dentro de la etapa de investigación propia del sistema acusatorio mexicano, cuáles deben ser las atribuciones de la policía y cuáles las del ministerio público, cómo pueden conciliarse y en qué momentos procede el control de la policía por parte del ministerio público y los caso excepcionales en que el control corresponde al juez de garantías. De esta manera, se distingue entre investigación policial, procesal y jurisdiccional en el sistema acusatorio, partiendo de la hipótesis delictiva, la hipótesis del caso y la teoría del caso, para así hacer énfasis en la necesidad de la acción policial. Más adelante, se abordan los conceptos que establece la propia Constitución sobre antecedentes de la investigación, datos de prueba, medios o elementos de prueba, elementos de convicción y pruebas. Además de desarrollarse el tema de la desformalización de la investigación, se expone cómo actúa el ministerio público y de qué modo controla la acción de los cuerpos policiales. Después de ahondar en diversos aspectos en torno a la prueba anticipada, se analiza la estructura que toma el sistema acusatorio procesal mexicano, explicando las formas de inicio, la denuncia, la querella y los modos procesales para impedir que una causa tenga que resolverse hasta el juicio oral y público, por material, técnica y letrada.
