Cuando un imputado no puede ser sujeto pasivo de algún mecanismo alternativo de solución de controversias, el procedimiento abreviado se presenta como una posible opción. A través de este recurso, el sujeto inculpado acepta la ilicitud del hecho; no se aferra, entonces, a un proceso en etapas hasta llegar al juicio, el cual es su derecho, permitiendo así al Estado “agilizar” los procedimientos y contribuyendo, también, al principio de economía procesal. La importancia de este procedimiento radica, principalmente, en la consecución de la verdad. Pues si admitir cargos es aceptación de la veracidad de lo señalado, el procedimiento abreviado “reconstruye”, con la consecución de esa “verdad”, la paz social, la tranquilidad de la comunidad, la seguridad pública, porque evita a la víctima, al testigo, al perito, a los oficiales de policía, al propio Ministerio Público, tener que enfrentarse a un debate, además de que brinda el sosiego que da saber que el sistema no se ha equivocado y que la administración de justicia ha acertado respecto al verdadero responsable. A partir de las anteriores premisas, en esta obra se estudia el juicio oral abreviado, empezando por analizar el objeto del proceso penal. Después se detallan los distintos principios procesales encaminados a la solución del conflicto: de alternatividad y restaurativo, de proporcionalidad e inserción social, de interpretación restrictiva y lealtad procesal, y de inocencia. En la parte medular de esta investigación se aborda el procedimiento abreviado en el sistema acusatorio mexicano. Por último, se examinan la argumentación jurídica y el discurso decisorio en este tipo de actuación.
