En México trabaja más de un millón de niños en las zonas de agricultura intensiva, en condiciones de explotación extrema. Desde fines de los años ochenta se ha emprendido una campaña encabezada por la OIT y UNICEF para erradicar el trabajo infantil. El gobierno mexicano ha basado su legislación, y en ocasiones su discurso sobre la infancia, en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez; sin embargo, las necesidades de las familias que migran hacia las zonas de agricultura en busca de empleo tornan difícil el cumplimiento de la ley. En las explotaciones agrícolas se encuentran trabajando pequeños desde los 5 años de edad. El trabajo infantil ocasiona sufrimiento y preocupaciones a los niños, limita sus sueños y aspiraciones y sus posibilidades reales de formación escolarizada para acceder a otro tipo de trabajo. Como agravante, estas tareas se dan en un marco de relaciones laborales disfrazadas y como parte obligada de la reproducción de la economía familiar que depende, para sus magros ahorros, de los ingresos que aportan los niños. El trabajo de los niños y de sus familias en condiciones de miseria y flexibilidad laboral extrema, se integra en el contexto de la globalización de la economía como un elemento de "dumping social" que permite elevar la competitividad de las empresas agrícolas que recurren a él
