Hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, México y Guatemala eran los únicos países que contaban con una legislación específica en materia de Fianzas, de tal manera que el Ejecutivo Federal con la finalidad de que México estuviera a la par con otros países del mundo, se determinó que debíamos globalizarnos, por ello el 25 de octubre de 2012, el Ejecutivo Federal, con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Derivado de lo anterior, el 4 de abril de 2015 entró en vigor la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que abrogó la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, reformándose de igual manera la Ley Sobre el Contrato de Seguro vigente. El objetivo central para la creación de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas fue robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y de fianzas en materias de solvencia, estabilidad y seguridad conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales, estableciendo un requerimiento de capital más preciso, que tome en consideración el perfil de riesgos específicos de cada entidad y las condiciones propias del mercado mexicano, fortaleciendo así el régimen de constitución de sus reservas técnicas, las prácticas de gobierno corporativo y la administración de riesgos, propiciando con ello una mayor trasparencia y revelación de información hacia los participantes del mercado, para sentar las bases de un desarrollo sano y ordenado de las instituciones que conforman los sectores mencionados.
