Esta novena edición responde, primordialmente, a la necesidad de actualización que impone la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal. Hubiéramos preferido que sólo se dedicara a actualizar los contenidos doctrinales, perfeccionar la argumentación jurídica y, en suma, mejorar el conocimiento. Pero, una vez más, debemos dedicar especiales esfuerzos a desentrañar una reforma penal innecesaria y confusa en muchas materias, populistas y demagógica en las opciones ideológicas y lamentablemente deficiente desde el punto de vista técnico jurídico. No se trata del hipercriticismo frente a las reformas que a veces se nos atribuye a los profesores y teóricos del Derecho penal. Esta reforma ha conseguido la desaprobación prácticamente unánime de todos los profesionales que de un modo u otro se ocupan de la enseñanza y de la aplicación del Derecho penal en todos sus niveles, especialmente de los jueces que se verán obligados a aplicarla a partir del 1 de julio de 2015, aun cuando muchos de los preceptos modificados son de difícil comprensión y aún más difícil aplicación. Por lo que a la Parte General se refiere, la mayoría de las reformas afectan a las Consecuencias Jurídicas del Delito, y dentro de ellas el tema de mayor repercusión pública ha sido sin duda la llamada “prisión permanente revisable”, eufemismo con el que se pretende disfrazar la prisión perpetua con una meramente hipotética posibilidad de revisión. Pena innecesaria y probablemente institucional con la que se responde demagógicamente a demandas de retribución y venganza alimentadas mediáticamente, pero que, ante los anuncios de derogación por parte de los grupos políticos contrarios a la misma, ni siquiera sabemos si se llegará a aplicar tal y como está prevista.
